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La actividad hidrocarburífera en Bolivia está normada principalmente por la actual Constitución Política del Estado, aprobada en febrero de 2009, y por la Ley de Hidrocarburos N°3058 de mayo de 2005. Esta última, en su artículo 34, establece que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo dividirá el territorio nacional en parcelas que conformarán las Áreas de Contrato.

En ese contexto, en enero de 2006 asumió la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el actual presidente, Evo Morales Aymay, quien en mayo del mismo año emitió el Decreto Supremo N° 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, que entre otros aspectos establece que las empresas petroleras que realizan actividades de producción de gas y petróleo en territorio boliviano, están obligadas a entregar en propiedad a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), toda la producción de hidrocarburos. Por otra parte, también se establece que YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio de la propiedad de los hidrocarburos producidos, asume toda su comercialización, definiendo condiciones, volúmenes y precios. Para ello se otorgó un plazo de 180 días a las empresas petroleras que venían realizando sus operaciones en Bolivia, así como para migrar a nuevos contratos, ya que en ese entonces se encontraban bajo un régimen de contratos de riesgo compartido suscritos en el año 1997.

De acuerdo al artículo 65 de la Ley de Hidrocarburos N° 3058, se establecieron 3 tipos de contratos petroleros: i) contratos de producción compartida; ii) contratos de operación, y iii) contratos de asociación. En este sentido, y siguiendo el mandato del Decreto de Nacionalización, en octubre de 2006 el estado boliviano optó por el modelo de contrato de operación, que tiene por objeto la realización de las operaciones petroleras por parte de los titulares a su exclusiva cuenta y riesgo, a cambio de recibir una retribución o pago por sus servicios, entendiéndose por operaciones petroleras las actividades de exploración, evaluación, desarrollo, explotación y abandono.

Los contratos de operación suscritos por la estatal petrolera establecen que una vez que YPFB obtiene los ingresos por la venta mensual de los hidrocarburos entregados por las empresas petroleras, deduce de dicho monto los costos de transporte y compresión incurridos para la comercialización de los hidrocarburos. El monto resultante es destinado en primera instancia al pago de las regalías, participación del Tesoro General de la Nación y pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que sumados totalizan el 50% del valor de la producción. Del valor remanente YPFB paga al titular un monto destinado a cubrir los costos recuperables, y el monto restante se constituye en una ganancia a distribuir entre YPFB y el titular del contrato de operación, en función de un porcentaje variable que se calcula a partir de tablas de participación establecidas en dichos contratos. La retribución del titular resulta ser la sumatoria de los costos recuperables y de la ganancia del titular.

Posteriormente, a partir de febrero de 2009, entró en vigencia una Nueva Constitución Política del Estado, la misma que establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés común.

Asimismo la nueva carta magna autoriza a YPFB suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que a su nombre y en su representación realicen determinadas actividades de la cadena productiva, es decir, que si bien la Ley de Hidrocarburos N° 3058 establecía 3 tipos de contratos, la actual constitución establece como única modalidad la de prestación de servicios. Adicionalmente la carta magna autoriza a YPFB conformar asociaciones o sociedades de economía mixta para la ejecución de actividades de exploración, explotación, refinación industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos.

La actual Ley de Hidrocarburos establece que se reservarán áreas de interés hidrocarburífero para que YPFB desarrolle actividades de exploración y explotación, sola o en asociación, las mismas que fueron asignadas a la estatal petrolera mediante Decreto Supremo N° 29226 y Decreto Supremo N° 676 de las gestiones 2007 y 2010, respectivamente.

En este contexto y en el marco de lo dispuesto en la nueva Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo estableció mediante un reglamento los aspectos generales para la ejecución de las actividades de exploración y explotación en áreas reservadas a favor de YPFB, los criterios para la selección de empresas y los aspectos para la elaboración de los contratos de servicio.

Considerando este marco legal YPFB ha elaborado un modelo de contrato de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas reservadas a favor de la estatal petrolera, el mismo que actualmente está siendo negociado con 7 empresas petroleras multinacionales. Una vez negociados estos contratos, conforme lo establece la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos, y en el marco de una política de trasparencia, estos deberán ser remitidos por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su correspondiente aprobación.

Asimismo, la nueva Constitución Política del Estado establece que la gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y participación social en el diseño de las políticas sectoriales. Se señala también que la explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada

“En octubre de 2006 el estado boliviano suscribió 44 Contratos de Operación con 12 empresas petroleras que ya venían operando en Bolivia”.

convocada por el Estado, que será libre, previa e informada, garantizando la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y promoviendo la conservación de los ecosistemas.

La primera semana de abril de 2011, el Ministro de Hidrocarburos y Energía y el Presidente Ejecutivo de YPFB, anunciaron las reservas

“YPFB cuenta con 56 nuevas áreas reservadas en zonas tradicionales y no tradicionales para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.

hidrocarburíferas del país, las mismas que ascienden a 9.94 Trillones de Pies Cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de reservas probadas, situación que devela la urgente necesidad de un plan exploratorio concreto que permita suscribir los contratos necesarios para asegurar los niveles de producción, y cumplir así con el abastecimiento al mercado interno y externo, de tal manera que no se ponga en riesgo la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el corto y mediano plazo.

Considerando que Bolivia posee una nueva Constitución Política del Estado, sin duda resulta imperioso contar con una nueva ley de hidrocarburos que refleje los preceptos establecidos en la actual carta magna, que permita por un lado, un eficiente manejo del sector petrolero en Bolivia, y que por otro lado, facilite el establecimiento de mecanismos adecuados para el ejercicio del control social y para la participación de la sociedad civil en general.

En ese marco, y debido al alto riesgo económico que implican las actividades de exploración, una de las principales tareas del gobierno boliviano es la de buscar mecanismos que hagan atractiva la inversión por parte de las empresas petroleras, tanto a través de una nueva ley de hidrocarburos como mediante los nuevos contratos de servicios. Sin embargo, resulta cada vez más imperioso contar con una política económica y energética que oriente la inversión de los recursos obtenidos de la explotación de hidrocarburos para fomentar el desarrollo de sectores productivos, con el objeto de abandonar paulatinamente la elevada dependencia de los ingresos fiscales relacionados con la explotación de las industrias extractivas.

Finalmente, es igualmente necesario continuar y ahondar en la diversificación de la matriz energética considerando fuentes alternativas que aseguren la seguridad energética de Bolivia a largo plazo, y que permitan la creación de nuevas industrias energéticas acordes y amigables con el medio ambiente.