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Desde que los gobiernos latinoamericanos impulsaron políticas de apertura y promoción de la inversión extranjera en los noventa, las industrias extractivas se han convertido en su principal apuesta económica. Entre 1990-1997 la inversión en las industrias extractivas en América Latina creció en 400% (Banco Mundial 2005). En las últimas décadas, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile se ha producido, producto del incremento sostenido de los precios internacionales, un aumento sustantivo de las actividades mineras e hidrocarburíferas, lo cual se refleja en su creciente importancia en los ingresos por exportaciones, así como en los ingresos fiscales.
Por lo general en América Latina, las decisiones sobre el uso territorio se han tomado desde el gobierno nacional, sin considerar la participación de los demás niveles de gobierno ni de la ciudadanía. Es por ello que, en muchos casos, los territorios concesionados para la actividad extractiva se superponen con cuencas, áreas protegidas y territorios indígenas, elemento que ha terminado siendo fuente de conflictos sociales. La forma arbitraria como se han ocupado territorios sin adecuados estudios ambientales, debates participativos acerca del uso y ocupación del territorio, han generado conflicto de intereses entre del sector privado transnacional y nacional y el interés colectivo de las poblaciones que habitan en estos lugares.
Ante ello, en varios países de la región se han impulsado procesos de planificación y ordenamiento territorial. El país pionero en este tema ha sido Colombia que comenzó procesos de planificación territorial a partir de la década de los noventas. Sin embargo, en la actualidad la consolidación de este proceso enfrenta problemas debido a las presiones por recentralizar las decisiones sobre el uso y distribución del territorio en favor de las actividades extractivas. En Ecuador y Bolivia, se incorporó en sus nuevas Constituciones el mandato del ordenamiento territorial, otorgando al Estado el rol rector en la dirección y proposición de lineamientos nacionales para la planificación del territorio y el control de los recursos naturales. En Chile la utilización del territorio se encuentra sujeta a un enfoque sectorial antes que integral. Finalmente, en el Perú la institucionalidad del ordenamiento territorial aún se encuentra en el debate político.
Entre los problemas comunes que enfrentan estos países, están la falta de articulación de los procesos de elaboración de planes de ordenamiento territorial con los procesos de planificación, descentralización y participación en los niveles subnacionales. No existen claras definiciones sobre las competencias de cada nivel de gobierno en este proceso, existen escasas figuras de concertación entre niveles de gobierno, por lo que las decisiones de los gobiernos nacionales, muchas veces en alianza con las empresas vinculadas a las actividades extractivas, terminan por imponerse siempre sobre el interés regional, local o indígena. La participación ciudadana dentro de este proceso de planificación enfrenta distintos problemas debido a la acelerada elaboración de planes de desarrollo como en el caso de Ecuador.
En esta segunda edición de la Revista Punto de Vista presentamos un conjunto de artículos en los que se hacen breves balances sobre las experiencias de ordenamiento territorial en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia.
